Iniciativa Yasuní-ITT

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La difícil construcción de la utopía

-¿Hubiera modo, replicó don Quijote, de evitar este degüello? Si os incita el valor de estos cipreses, yo os los pago, y permanezcan ellos en pie.

-Eso allá se iría con vender la tierra, y no es lo que me propongo, dijo el dueño; antes la estoy desmontando, no tanto por aprovecharme de estos árboles que no valen gran cosa, cuanto por dar a la labranza el suelo mismo.

-Cortados no valen nada, replicó el caballero; vivos y hermosos como están, valen más que las pirámides de Egipto. Y así os ruego y encarezco miréis si os está mejor variar de resolución y hacer un obsequio a la madre naturaleza, la cual gusta de la sombra de sus hijos.

Don Quijote de la Mancha, Juan Montalvo [ii] ; Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, libro publicado el 1895

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Ecuador sorprendió al mundo hace ya más de siete años, cuando propuso dejar en el subsuelo del Yasuní, en plena Amazonía, un significativo volumen de petróleo. Esta propuesta, conocida como la Iniciativa Yasuní-ITT, que surgió desde la sociedad civil, no alcanzó a consolidarse a nivel oficial debido a las inconsistencias y las contradicciones del Gobierno del presidente Rafael Correa. Por cierto también pesó la insensibilidad de los Gobiernos de los países más poderosos, que no quisieron asumir sus responsabilidades. [iii]

No es cierto que “la iniciativa se adelantó a los tiempos, y no fue comprendida”, como dijo el primer mandatario ecuatoriano, el 15 de agosto de 2013, al anunciar la finalización de la misma; en realidad quien no la comprendió y no estuvo a la altura del reto propuesto por la sociedad ecuatoriana al mundo fue el propio presidente Correa.

Una propuesta fraguada desde la resistencia

Romper tradiciones y mitos siempre será una tarea compleja. El llamado al realismo frena los cambios. Por eso la idea de no explotar petróleo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), a cambio de una contribución financiera internacional, causó por igual estupor y muchas resistencias en sectores de poder. Para las clases dominantes, en un país adicto al petróleo, proponer no extraer crudo, asomaba como una locura a tiempo completo. En el exterior, en los poderosos círculos petroleros, la idea fue vista con escepticismo, y luego, combatida. Lo sorprendente es que esta idea loca fue cobrando adeptos y fuerza en la sociedad civil dentro y fuera del Ecuador.

Hay que conocer que esta iniciativa fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil, mucho tiempo antes de que fuera aceptada por el presidente Correa. Esta idea, presentada a nivel del aún no posicionado equipo de Gobierno, a fines de diciembre de 2006 por el que sería ministro de Energía y Minas [iv] , no tiene gerente-propietario alguno. Es una propuesta de construcción colectiva. Con seguridad, la idea primigenia de suspender la actividad petrolera surgió en la cabeza de quienes sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía.

La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es conocido el “juicio del siglo” que llevan las comunidades indígenas y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco. Este juicio, que se inició hace más de 20 años, más allá de su desenlace, sentó un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta. [v]

Desde esa realidad, a lo largo del tiempo y nutriéndose de un duro y largo proceso de resistencias en contra de la actividad hidrocarburífera, se fue construyendo la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana. Esta tesis, formulada en diversos espacios y foros, se plasmó en el año 2000 en el libro escrito por varios autores El Ecuador post-petrolero. Tres años más tarde, la tesis de la moratoria fue presentada formalmente al Ministerio del Ambiente por parte de varias fundaciones ecologistas. Poco antes, en el año 2001, los grupos que cuestionaban la deuda externa plantearon la posibilidad de un acuerdo histórico con los acreedores internacionales para suspender el servicio de dicho endeudamiento a cambio de conservar la Amazonía; propuesta en línea con el reclamo de la deuda ecológica, en la que los países ricos asoman como los deudores.

En otro lugar de la Amazonía, la resistencia de la comunidad kichwa de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, logró impedir la actividad petrolera de la Compañía General de Combustibles (CGC) en el bloque 23. Este fue un gran triunfo de una pequeña comunidad organizada, considerando que la empresa recibía inclusive respaldo armado del Estado. Dicha comunidad, que contó con una activa solidaridad internacional, alcanzó un histórico pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio del año 2004, cuando esta dictó una serie de medidas provisionales a favor del pueblo indígena de Sarayaku. En la primera mitad del año 2007 el Gobierno ecuatoriano por fin aceptó dicha resolución. Sin embargo, poco tiempo después volvieron a aparecer amenazas sobre Sarayaku. En la renegociación del contrato del Bloque 10 entre el Gobierno del presidente Correa y la empresa AGIP, celebrada en noviembre de 2010, las autoridades entregaron a dicha empresa petrolera -nuevamente sin consulta a la comunidad- una porción del Bloque 23 que afecta el territorio de varios pueblos indígenas amazónicos. [vi]

Recogiendo todos estos reclamos, en junio de 2005, se expuso la propuesta de no explotar el crudo del Yasuní como parte de la tesis de una amplia moratoria petrolera en “Un llamado eco-lógico para la conservación, el clima y los derechos”, documento de posición de Oilwatch en la primera reunión del grupo especial de expertos sobre áreas protegidas realizada en Montecatini, Italia. Posteriormente se incorporó esta tesis en el libro Asalto al paraíso: empresas petroleras en áreas protegidas, editado por Oilwatch en 2006.

Todas estas propuestas e iniciativas fueron preparando el terreno para que la tesis de la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana entrara con fuerza en la vida política nacional. Así, en un momento histórico, en el que se consolidaron las largas y complejas luchas surgidas desde diversos sectores de la sociedad, la tesis de la moratoria pasó a formar parte del Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento País (hoy Alianza País), elaborado en el 2006. [vii]

En suma, es importante insistir que los detalles más relevantes de la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo fueron definidos mucho antes de que se inicie la gestión del presidente Correa.

Los potentes objetivos de la Iniciativa Yasuní-ITT

La propuesta Yasuní independientemente de la fuerza de los diferentes argumentos con los que se la ha sostenido durante más de seis años, es una propuesta que tiene un objetivo central: no sacar el crudo del subsuelo de tres yacimientos del ITT o del bloque 43, dentro del Parque Nacional Yasuní, en su extremo oriental. Estos yacimientos son el Ishpingo, localizado al sur del bloque (una parte importante está dentro de la zona intangible), el Tambocha, en la parte central, y el Tiputini, en el extremo norte del bloque, con una parte de este yacimiento fuera del Parque. El ITT es una suerte de corredor entre el Yasuní y la zona intangible de Cuyabeno-Imuya. [viii]

De un gran territorio continuo, esta región de la Amazonía pasó a constituirse en una serie de pedazos sobre los que diferentes actores han tenido y tienen control. Lo que fue el territorio de pueblos indígenas, ha debido enfrentar el control por parte de las misiones religiosas, las empresas petroleras y también el Estado, aunque en términos relativamente marginales. Para la configuración actual del territorio jugaron un papel determinante las iglesias, tanto la evangélica como la católica, los militares y las petroleras.

Hay que tener en cuenta que la Amazonía ecuatoriana ha sido explorada por décadas. Como consecuencia de esta actividad los pueblos indígenas en aislamiento voluntario se han alejado de las zonas de explotación, y en la actualidad se encuentran en las últimas zonas de bosques, y en el resto de la zona ha aumentado y se ha concentrado la población indígena. Esto determina que cada vez hay más oposición de parte de estos grupos humanos a estas actividades.

La Iniciativa Yasuní ITT se basó en cuatro pilares:

1) proteger el territorio y con ello la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario,

2) conservar una biodiversidad inigualable en todo el planeta -la mayor registrada por científicos hasta el momento-,

3) cuidar el clima global manteniendo represada en el subsuelo una significativa cantidad de petróleo, evitando la emisión de 410 millones de toneladas de CO2,

4) dar un primer paso en Ecuador para una transición pospetrolera, lo que tendría un efecto demostración en otras latitudes.

Pero hay más, como un quinto pilar podríamos asumir la posibilidad de encontrar colectivamente -como Humanidad- respuestas concretas a los graves problemas mundiales derivados de los cambios climáticos provocados por el propio ser humano, exacerbados especialmente en esta última fase de expansión global del capital.

Como contrapartida el Ecuador esperaba la contribución financiera de la comunidad internacional, que debía asumir su responsabilidad compartida y diferenciada en función de los muchos niveles de destrucción ambiental provocada por las diversas sociedades en el planeta, particularmente por las más opulentas. No se trataba de una vulgar compensación para seguir forzando el desarrollismo (como entendió el presidente Correa).

Esta iniciativa se enmarca en la construcción del Buen Vivir o sumak kawsay, que no es una simple propuesta de desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo.

Un trajinar lleno de contradicciones

El camino en el Ecuador resultó en extremo sinuoso. Al inicio la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo, promovida a nivel gubernamental por el ministro de Energía y Minas, chocó con la decisión del presidente ejecutivo de Petroecuador, empeñado en extraer el petróleo lo más rápidamente. Este enfrentamiento se dirimió con la intervención del presidente Correa en el directorio de Petroecuador el 31 de marzo de 2007. Allí se planteó en concreto como opción A: dejar el crudo en el subsuelo, y la opción B: extraer el crudo. Desde entonces estuvo latente, con diversos grados de intensidad, la pugna entre estas dos opciones que reflejan con claridad dos posiciones de cómo abordar el tema petrolero y el desarrollo mismo. [ix]

Desde entonces, el propio mandatario no se cansó de amenazar con la inminente explotación del campo ITT en el Yasuní; en realidad, más que una amenaza era una certeza demostrada, por ejemplo, con el avance de las actividades extractivistas en el bloque 31, aledaño al ITT, conocido también como bloque 43. Esa lógica de chantaje permanente creaba confusión, temor y desconfianza.

Adicionalmente surgió otra dificultad: La aprobación de los Derechos de la Naturaleza la Constitución de Montecristi, en el año 2008, no cambió la esencia de la Iniciativa. Se continuó por la misma senda crematística, cuando el mandato constitucional es claro en su artículo 71: “La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Y en su artículo 73 complementa la anterior disposición constitucional: “EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. Y además, olvidando completamente la prohibición expresa de artículo 57 de la Constitución que impide la explotación de los territorios en donde se encuentren pueblos libres en aislamiento voluntario.

Hay que tener presente que no existe tecnología alguna que elimine los riesgos para las comunidades en aislamiento y que pueda asegurar que no se produzcan derrames u otros accidentes propios de la actividad petrolera, que no afecten esa región tan rica y frágil en términos ecológicos. [x]

A pesar de eso, el Gobierno de Correa siguió empeñado en la búsqueda del dinero, a más de cosechar aplausos a nivel internacional. Así, a la postre el Gobierno se empantanó en los cálculos fenicios. La última comisión negociadora ya no tuvo el mismo peso y perfil de las anteriores. La persona encargada de dirigir las negociaciones internacionales, sin una clara dirección, terminó actuando como la promotora de un teletón, sin precisión política y estratégica. [xi]

Límites y posibilidades de la compensación económica

Una parte sustancial del debate derivó hacia la necesidad de generar una “compensación” económica frente a la moratoria de extracción del petróleo. El convertir esa prioridad en una condición indispensable para llevar adelante la iniciativa, si bien tenía varios aspectos positivos, tenía también otros negativos. Entre los positivos es clave reconocer que podía asegurar ingresos a las arcas del Estado, que serían muy útiles para mantener políticas sociales, y servirían para desarticular la oposición de quienes entendían que la medida era una renuncia a la rentabilidad prevista por la explotación del crudo. Pero existían aspectos negativos, en tanto esa “compensación” llevaba a la iniciativa exclusivamente al ámbito crematístico, marginando los otros objetivos que son de índole político y sobre todo de Derechos, como es la protección de la vida de los pueblos ocultos o en aislamiento voluntario, o de la misma biodiversidad, tal como establece la Constitución ecuatoriana de 2008.

El 15 de agosto de 2013, cuando el presidente Correa enterró oficialmente la Iniciativa Yasuní-ITT se produjo un cambio de rumbo de 180°. Muchos de los argumentos esgrimidos dentro y fuera del país para impulsar esta iniciativa fueron olvidados o simplemente negados. Los pueblos ocultos desaparecieron de la zona. La protección de una biodiversidad extremadamente frágil de la noche a la mañana pasó a ser algo fácil de asegurar. La emisión del CO2 dejó de ser motivo de preocupación. Los potenciales ingresos que generaría el petróleo más que se duplicaron, al pasar de 7.000 millones a 18.200 millones de dólares en valor presente. Y simultáneamente se ofreció a la sociedad la esperanzadora noticia de que, ahora sí, con el crudo del ITT el Ecuador ampliaba sustantivamente su horizonte petrolero y por fin podía erradicar la pobreza…

La fragilidad de los cálculos oficiales

Asumiendo como válidas las cifras gubernamentales, de 18.200 millones de dólares en valor presente, calculados a partir de 40 mil millones en términos nominales, este monto de potenciales ingresos debe ser prorrateado en el tiempo. La extracción de crudo del ITT se hará en 22 a 25 años. Esto quiere decir que al año el Estado podría estar recibiendo en promedio menos de 2 mil millones de dólares en valor nominal. Y que para los gobiernos seccionales autónomos queda un 10%, tal como dispone la ley de la COOTAD, es decir habría menos de 200 millones por año. Esta cifra, en el presente año, es inferior a lo que gasta el Gobierno en propaganda y publicidad…

Creer que ahora sí, con esos ingresos, se puede erradicar la pobreza, es una falacia. Vamos 41 años exportando petróleo y Ecuador no se ha desarrollado, ni ha erradicado la pobreza. Es más, el actual Gobierno, con más de siete años en funciones, es el que más ingresos ha tenido en toda la historia de la República: más de 152 mil millones de dólares en términos nominales. A pesar de eso no ha logrado acabar con la pobreza, se reconoce que la ha reducido a nivel nacional de 37% a un 27%; aunque en las provincias con mayor número de población indígena, entre esas las amazónicas, las cifras no han cambiado. Hay que estar claros que la eliminación de la pobreza no se consigue solamente con inversión social y obra pública, sino con una sustantiva redistribución de la riqueza (algo que no acontece en Ecuador, en donde se registra una mejor distribución de los ingresos fiscales en términos de equidad, mientras que, en paralelo, se profundiza la concentración de la riqueza).

Si se quisiera enfrentar la redistribución de la riqueza la disponibilidad de recursos destinados a erradicar la pobreza estaría asegurada. Por ejemplo, si los grupos más poderosos pagaran un 1,5% más de impuestos sobre sus enormes ganancias se tendría inmediatamente -sin impactos socioambientales- más de dos millones al año, es decir más dinero que el que podría generar todo el petróleo del ITT. Resolver el tema de los subsidios de los combustibles, que benefician a los más ricos y no a los pobres, y que representan unos 4.500 millones al año, sería otra fuente de financiamiento. Una renegociación de los contratos con las telefónicas aportaría mucho; ¡considérese que estas empresas tienen utilidades anuales del 38,5 % (treinta y ocho punto cinco por ciento) sobre patrimonio neto! Y así por el estilo.

Con la entrada del ITT, en cambio, la extracción de crudo se recuperaría desde el 2016, alcanzando los 600 mil barriles al año siguiente, siempre de acuerdo a informaciones oficiales. Esto supone que la extracción del crudo de los campos del ITT empezaría en dos años; un supuesto poco realista. Y por cierto no hay que marginar que este crudo es pesado, menos de 15º API, con gran cantidad de azufre, y cuya costosa extracción implica sacar una gran cantidad de agua de formación, en extremo contaminante; la relación agua-petróleo se estima en casi 10 a 1 barriles.

Por último, el valor de esta propuesta está en que la sociedad ecuatoriana había decidido abrir el camino al posextractivismo, no mirando a sus recursos naturales como la única vía de conseguir ingresos económicos. Pero justamente son los petrodólares los que usa el poder, a través de gobiernos autodenominados progresistas, para volver a repotenciar la dependencia hidrocarburífera. Estos gobiernos de corte populista, se han apoltronado sobre el alto precio de las materias primas, sobre todo petróleo y minerales.

A la postre el asunto no es simplemente contable, sino de ética política. Lo que está en juego son los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, no simplemente más ingresos económicos.

Ante el fracaso gubernamental, el pueblo tiene la palabra

Más allá del fracaso a nivel gubernamental de la Iniciativa Yasuní-ITT, provocado por las incoherencias del Gobierno ecuatoriano y por la voracidad demostrada por los representantes de los intereses petroleros, esta iniciativa obtuvo resultados satisfactorios.

Empecemos por reconocer que el tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. Además, frente al reclamo cada vez más aceptado que hay que bajar las emisiones de CO2, una contribución importante es dejar de extraer petróleo e inclusive minerales.

Para relievar la trascendencia de esta iniciativa, habría que hacer un seguimiento de otras propuestas derivadas directa o indirectamente de la idea de no explotar el petróleo del ITT, que ya han permitido acuñar el término “yasunizar” [xii] . ¿Dónde? En lugares como el Delta del Niger, las islas Lofoten en Noruega, San Andrés y Providencia en Colombia, Lanzarote en las islas Canarias y el Madidi en Bolivia. En esta vía, en Francia y otros lugares en Europa se evita el fracking del gas de esquisto.

Dentro de Ecuador el tema cobró mucha fuerza, tanto que hoy hay quienes reclaman, con poderosos argumentos, que es conveniente dejar el crudo en el subsuelo, aún sin que se consiga la contribución financiera internacional. Esta es la Opción C, con la que el pueblo ecuatoriano -a través de una consulta popular- puede asumir la posta luego de que falló el Gobierno del presidente Correa. Y para cristalizarlo, un grupo de jóvenes -Yasunidos- han emprendido, enfrentando la represión desde diversas instancias del Estado, la dura tarea de recolectar firmas con el fin de que se convoque a una consulta popular.

N o explotar el petróleo, que para el Ecuador representa un 20% o aún un 30% de sus reservas petroleras y que la Humanidad se consumiría en apenas nueve días, permitirá procesar el indispensable reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza. Esto, además, abriría la puerta para caminar hacia una transición energética que permita superar la fase de los combustibles fósiles, cuyos límites biofísicos están a la vista.

Desde esa perspectiva, superando visiones estrechas y egoístas, se espera que muchas iniciativas de este tipo florezcan en el mundo: la consigna es crear dos, tres… ¡muchos Yasuní!

Alberto Acosta es Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas, enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta, octubre 2007-julio 2008. Candidato a la Presidencia de la República, septiembre 2012-febrero 2013.



    

[ii] Brillante escritor ecuatoriano (Ambato, 13 de abril de 1982 – París, 17 de enero de 1889).

[iii] Este punto merece un análisis más detenido. Sin embargo, aquí cabe recuperar la reflexión de Pablo Solón sobre el tema: “La preservación de la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra no puede basarse en la expectativa de que el mundo capitalista pagará su deuda ecológica o que la donación vendrá sin condiciones ni ataduras. No hay duda que eso es lo correcto y justo dado su responsabilidad histórica y su obligación de reparar el daño. Sin embargo, la realidad es que nunca vamos a ser capaces de hacer que los capitalistas paguen hasta que derrotemos y remplacemos al sistema capitalista. La idea de que los países “desarrollados” y algunas empresas iban a donar voluntariamente dinero a fin de preservar la YasuniTT era una posibilidad en un millón”. Sin desmerecer estas afirmaciones, de hecho la Iniciativa Yasuní-ITT apunta en esa dirección, la de superar el capitalismo y transformar el mundo pensándolo desde los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.

Ver http://pablosolon.wordpress.com/2013/08/17/algunos-pensamientos-sobre-la-yasunitt/

[iv] Alberto Acosta, autor de estas líneas.

[v] La larga lista de fraudes y engaños de la Chevron-Texaco se sintetizan en ALERTA VERDE, Boletín de Acción Ecológica , enero 2014, Nº170. Ver en http://www.accionecologica.org/component/content/article/1735-alerta-verde-170-la-mano-sucia-de-texaco-se-extiende-al-yasuni

[vi] El 25 de junio del 2012 la Corte Interamericana de Justicia falló definitivamente a favor de la comunidad de Sarayaku, pero el Gobierno de Correa no acata la totalidad de la resolución.

[vii] El Gobierno, haciendo caso omiso de sus propias propuestas iniciales, abrió la puerta a la XI Ronda Petrolera en el centro sur de la Amazonía. Con escaso éxito, como se vio a fines del 2013, cuando recibió apenas cuatro ofertas para 21 bloques petroleros. Ante las protestas en contra de esta licitación el Gobierno recrudeció la criminalización de la resistencia popular, llegando inclusive a cerrar una organización de la sociedad civil: Fundación Pachamama.

[viii] Sobre la base de recomendaciones formuladas por el Proyecto Petramaz, se emite el Decreto Ejecutivo No. 551 creando la zona intangible Cuyabeno-Imuya y Decreto Ejecutivo No. 552 creando la zona intangible Tagaeri-Taromenane. 29.01.1999.

[ix] En este punto parece oportuna una aclaración en relación a la reiterada insistencia del Gobierno, después del 15 de agosto de 2013, al decir que Alberto Acosta, entonces ministro de Energía y Minas, habría autorizado explotar el ITT. Algo totalmente alejado de la verdad. El acuerdo para la Instrumentación de la Cooperación en el Sector Energético: http://es.scribd.com/doc/165687582/ACUERDO-COOPERACION-SECTOR-ENERGETICO , suscrito el 17 de abril del 2007, tenía el propósito de desarrollar ESTUDIOS para analizar la viabilidad de varios proyectos conjuntos en el sector. Para evitar suspicacias, en el marco de este acuerdo amplio se suscribió otro convenio específico sobre el ITT, solo para la realización de un estudio de cuantificación y certificación de las reservas de los yacimientos existentes en dicho campo: http://es.scribd.com/doc/165687779/PROYECTO-CONJUNTO-ITT

[x] El autor de esta línea, cuando era ministro de Energía y Minas, todavía creía que habría alguna tecnología capaz de minimizar esos riesgos. Vale señalar que esa posición fue superada luego de conocer en detalle el juicio en contra de la Chevron-Texaco y de observar las graves afectaciones que provocó la British Petroleum en el Golfo de México.

[xi] Cabe recordar que Ivonne Baki fue defensora de los intereses de la Chevrón-Texaco, promotora del TLC con los EEUU, organizadora del certamen de Miss Universo en Ecuador, antes de formar parte del Gobierno de Correa.

Ver en http://www.accionecologica.org/component/content/article/1735-alerta-verde-170-la-mano-sucia-de-texaco-se-extiende-al-yasuni

[xii] Término utilizado para replicar la Iniciativa Yasnuí ITT, es decir dejar el crudo o el carbón o minerales bajo tierra. http://www.taringa.net/posts/ecologia/6868400/A-Yasunizar-la-real-academia-de-la-lengua.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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