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Brasil en la mira de los grandes poderes mundiales

Las aspiraciones democráticas y progresistas de los pueblos de Nuestra América acaban de sufrir un golpe frontal en la República Federativa de Brasil

Las aspiraciones democráticas y progresistas de los pueblos de Nuestra América acaban de sufrir un golpe frontal en la República Federativa de Brasil. Mediante una sentencia judicial de primera instancia, se condenó a nueve años de prisión al Expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien se endilgaron cargos por corrupción y lavado de dineros.

 

No deja de despertar toda clase de suspicacias, el hecho de que el dirigente obrero y popular que acaba de ser sentenciado, sea a su vez el hombre que todas las encuestas reconocen como virtual vencedor en elecciones presidenciales del próximo año en la república hermana. Y que sea precisamente el líder indiscutido de un movimiento político y social adverso a los intereses del gran capital y a su modelo de dominación en el continente.

 

La resolución judicial que afecta a Lula da Silva, se revela como el primer paso en el propósito de impedir el regreso al poder del Partido de los Trabajadores y su coalición de avanzada, a pocos meses de la escandalosa destitución parlamentaria de la Presidenta Dilma Rousseff. No podemos olvidar que una votación irrisoria en el Congreso de su país, alcanzó más valor que los votos de 54 millones de brasileños que la eligieron en las urnas. Hoy, el veredicto de un solo magistrado pretende tener más peso que la voluntad mayoritaria del pueblo del Brasil.

 

Es evidente que luego de que la Organización de Estados Americanos expidiera su Carta Democrática, mediante la cual hasta el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a condenar cualquier golpe de Estado ocurrido contra un gobierno miembro de la organización, la vieja práctica de emplear la fuerza militar para derrocar gobiernos y aplastar pueblos, fue sustituida por otra que con careta de legalidad desestabiliza y tumba gobiernos legítimos. El propio caso de Dilma se agrega a la lista que incluye a Honduras y Paraguay, al igual que los intentos fallidos contra los Presidentes Chávez, Correa y Evo en Venezuela, Ecuador y Bolivia respectivamente.

 

Del mismo modo resulta de bulto el hecho de que tanto los derribados del poder, como aquellos contra los cuales se ha atentado, encabezan programas alternativos de gobierno opuestos al sometimiento de sus países a la voluntad omnímoda de los organismos multilaterales de crédito, tipo FMI, Banco Mundial u Organización Mundial de Comercio. Y que prácticamente desde el día de su posesión comenzaron a ser blanco de los ataques airados de la gran prensa de sus países, en alianza con las cadenas informativas trasnacionales, todas vinculadas a poderosas corporaciones económicas defensoras a ultranza de las políticas neoliberales de saqueo a nuestros pueblos.

 

Para nadie es un secreto tampoco que el cáncer de la corrupción, ligado fundamentalmente a los grandes negocios de empresas multinacionales en los países donde se siguen rigurosamente las instrucciones de los principales centros del capital mundial, y que se manifiesta en el enriquecimiento visible de funcionarios ligados al más alto gobierno o sus familiares, no produce los sacudimientos que en cambio de modo sucesivo y coincidente ocurren cuando se trata de gobiernos de raigambre popular acusados y condenados mediante procedimientos dudosos, en los que la negativa a apreciar las pruebas en su defensa resultan reiteradas.

 

Primero se los acusa de corruptos para poder echarlos abajo, pero si tal proceder no les resulta suficiente, se desencadenan en su contra toda clase de maniobras financieras, económicas, comerciales y políticas a fin de declararlos dictaduras oprobiosas, contra las cuales se promociona incluso la idea de la intervención militar extranjera que vendrá a restaurar la democracia, tal y como ocurre hoy contra la Venezuela bolivariana y chavista.

 

El solo hecho de que el juez de primera instancia haya decidido no privar de su libertad al ex Presidente Lula, como lo manifiesta expresamente en su fallo, hasta que el juez de segunda instancia no emita su resolución definitiva, para lo cual invoca la prudencia necesaria a fin de evitar graves conmociones en el país, resulta claramente indicativo del carácter político de su sentencia y de su conciencia sobre las graves repercusiones que su decisión puede originar para el país.

 

Quienes nos aprestamos para ingresar al mundo político de la legalidad, cobijados por la suma de garantías prometidas por el régimen con el que hemos pactado un Acuerdo Final, no podemos permanecer indiferentes a lo que ocurre en Brasil con los casos de Dilma y Lula. En Colombia, donde las clases dominantes no vacilaron para hundir al país en un mar de sangre con tal de impedir el acceso de Jorge Eliécer Gaitán a la Presidencia, y en donde se producen hoy las trapisondas que buscan evitar la aspiración presidencial de Gustavo Petro, a quien cobran una administración distinta a sus intereses, sabemos que afrontaremos toda clase de emboscadas y golpes bajos. De hecho las venenosas sindicaciones diarias del Fiscal General de la Nación ya nos señalan el duro camino que nos espera al presentar a nuestro pueblo nuestras propuestas.

 

Sabemos que el pueblo del Brasil reaccionará con energía frente a las pretensiones de los grandes poderes económicos y políticos. Hacemos votos porque el país hermano sepa encontrar las fórmulas democráticas, pacíficas y civilizadas para evitar un derramamiento inútil de sangre. Del mismo modo como apostamos a que el pueblo colombiano no permitirá que le arrebaten sus esperanzas de paz y democracia. Estamos contra la explotación, la corrupción, el abuso y el engaño contra los pueblos. Por eso confiamos en su sabiduría para enfrentar los grandes retos que le depara abrir su propio camino. Nuestra América es un solo pueblo que conseguirá vencer. Por la vida, por la naturaleza, por la justicia, por un futuro humano y digno.

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