Faysal Encü, a relative of many victims of the Roboski massacre, has revealed in a letter the tragedy he has been living in prison for the last ten years.

Encü, jailed for ten years now and currently in Elbistan E Type Prison, is suffering from coeliac disease which he can however not overcome because of the denial of necessary supplies by prison administrations.

Encü, father of three, has lost his wife and mother and his children were given to an orphans' asylum during the ten years he spent in prison. He writes that his wife lost her life in a traffic accident while on the way to Mardin E Type Prison to pay him a visit on 27 November 2006. “My eldest child was 13 and the smallest 5 when my wife died. After the incident, my children started to live with their grandparents who however failed to provide them with the care and psychological support they needed. Two years later, my children were taken to an orphans' asylum after they were detained in front of the prison when they came there for a visit to me. Thanks to the efforts of the whole family, my children were given back to my brother. They suffered remarkable psychological problems at that time”, he tells.

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Reporters Without Borders has issued a call for investigation on violence used by police against journalists in Turkey on Workers' Day.
The international organisation has firmly "condemned violence against journalists by the Istanbul police during the past few days". At least six journalists were attacked on May Day and another three women journalists were harassed during a demonstration on 5 May.

“Journalists should not have to pay for the current social tension in Turkey,” Reporters Without Borders said. “We urge the Istanbul police to carry out full and impartial investigations in order to identify and punish the police officers responsible for these abuses, because impunity just encourages more violence.

“The role of the police as regards journalists should be to protect them while they doing their work. The police should also remember that journalists are not supposed to be police auxiliaries and that the confidentiality of their sources must be respected.”

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Mercedes nació en El Quiché, una zona donde las acciones bélicas contra la población durante el conflicto armado interno, que duró 36 años en Guatemala (1960-1996), alcanzaron el rango de genocidio. Sobrevive a esta guerra civil y a partir del trabajo que desarrolla en el área Ixil conoce de primera mano los relatos del ensañamiento de la violencia militar contra las mujeres. Precisamente de esta región son las más de 1.700 personas indígenas asesinadas por las que se juzga desde el pasado mes de marzo al ex presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad. Por primera vez en Latinoamérica se sienta en el banquillo nacional por genocidio a un ex jefe de estado. Junto a él, el que fuera jefe de la inteligencia militar, el también general José Mauricio Rodríguez.

Los sentimientos que asaltan a Mercedes mientras sigue de cerca este proceso judicial son ambivalentes. Por un lado, se siente feliz al constatar que la justicia camina cerca y, al mismo tiempo, no puede evitar el dolor que le produce revivir en cada uno de los testimonios, presentados durante más de un mes de juicio, el horror y las atrocidades cometidas.

Sin embargo, la defensa de Ríos Montt está haciendo todo lo posible para que este proceso judicial no siga adelante.

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A finales de junio, Venezuela asumirá por primera vez la presidencia pro témpore del Mercosur (PPTVEN), en la Cumbre en Montevideo, pero con una activa agenda presidencial. Ya Nicolás Maduro comenzó, en gira por Uruguay,Argentina Y Brasil, a consensuar con los Presidentes la agenda política del bloque.

Esta presidencia se desarrollará en el marco del despliegue de las fuerzas derechistas en el continente y de un ambiente político de alta tensión, en el cual la derecha continental intentará romper la unidad política de la región.

La ofensiva ya comenzó desde el primer día de la presidencia de Nicolás Maduro, con una violenta ofensiva contra las instituciones, tratando de desestabilizar el país, quizá en busca de una intervención militar extranjera, a falta de un triunfo electoral inmediato. Con gran cobertura mediático, dirigentes de la oposición venezolana han viajado a Estados Unidos y a los países sudamericanos (Perú, Uruguay, Argentina, en especial) en busca de apoyos para desestabilizar el gobierno de Maduro.

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At least seven people have been killed when a fire swept through a garment factory in an industrial district of the Bangladeshi capital Dhaka, police and an industry association official said.

Thursday’s fire, which broke out overnight in the Mirpur area, occurred two weeks after more than 900 people were killed in a factory collapse outside the city.

"It is not clear to us how the accident happened, but we are trying to find out the cause," Mohammad Atiqul Islam, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, told Reuters.

The fire broke out at a factory belonging to the Tung Hai Group, a large garment exporter, after most workers had gone home, police said.

The owner of the factory was among the victims, but there were no workers among the casualties as there was no overnight production, police and fire service officials said.

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A Bangladesh war crimes tribunal has convicted and sentenced assistant secretary-general of the Jamaat-e-Islami party to death, raising fears of clashes between the police and supporters of the Islamist leader.

Mohammad Kamaruzzaman, 59, was found guilty on charges of genocide and torture of unarmed civilians during the 1971 war for independence from Pakistan, lawyers and tribunal officials said on Thursday.

He had previously been acquitted for two of the seven original charges.

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Estas son las palabras que Assata Shakur escribió en una carta abierta dirigida al Papa Juan Pablo II con motivo de su visita a Cuba en 1998 y a raíz de la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos. En 1979 Shakur había escapado de la prisión de Clinton en New Jersey para recibir asilo político en Cuba en 1984. La semana pasada el FBI y el fiscal general del estado de New Jersey han redoblado su agresión imperialista situando a Assata Shakur en la lista de los 10 terroristas más buscados y ofreciendo 2 millones de dólares por su captura.

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La pregunta es si el diplomático miente solo a los demás, o también a sí mismo.

Lo pregunto estos días en los que estoy siguiendo los arduos esfuerzos de John Kerry, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores estadounidense, para poner en marcha el "proceso de paz" árabe-israelí.

Kerry parece un hombre honesto. Un hombre serio. Un hombre paciente. Pero, ¿realmente piensa que sus esfuerzos llevarán a alguna parte?

Cierto, esta semana Kerry logró un éxito notable.

Una delegación de ministros árabes de Asuntos Exteriores, incluido el palestino, se reunió con él en Washington. Los lideraba el primer ministro de Qatar —pariente del Emir, por supuesto—, un país que está asumiendo un papel cada vez más destacado en el mundo árabe.

En la reunión los ministros destacaron que la iniciativa árabe de paz sigue siendo válida.

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Las presiones del Ministerio de Exteriores sobre la embajada argentina evitaron en el último momento que tres víctimas del franquismo declarasen por videoconferencia. Sus abogados insisten que seguirán con el proceso.

Alberto PRADILLA | MADRID

El Gobierno español no ve con buenos ojos el proceso judicial que se sigue en Argentina contra los responsables de la represión franquista. Ayer lo demostró nuevamente cuando las presiones del Ministerio de Exteriores lograron aplazar la declaración de tres víctimas de la dictadura. En principio, se trataba de la primera ocasión en la que afectados directos iban a prestar testimonio ante la jueza María Servini, que instruye la causa. Pablo Mayoral, procesado por un tribunal militar en 1975 (dentro de la misma causa en la que fue fusilado José Humberto Baena), Marçona Puig Antich (hermana de Salvador, ejecutado por garrote vil en 1974) y Pedro Fausto Canales, cuyo padre fue muerto al inicio de la guerra civil española, eran los primeros de una lista de doce. No llegaron a prestar declaración. «Esto demuestra que la causa les preocupa», afirmó Carlos Slepoy, uno de los abogados de los querellantes. Tanto las víctimas como los letrados, en una declaración de urgencia, responsabilizaron al ministerio que dirige Jorge García-Margallo y a Carlos Bettini, jefe de la delegación diplomática argentina.

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