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Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ

En un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores difundido este 16 de noviembre, Colombia anunció que “contrademandó” a Nicaragua

En un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores difundido este 16 de noviembre, Colombia anunció que “contrademandó” a Nicaragua (véase texto del comunicado en su integralidad reproducido al final de esta nota). Lo hizo anticipándose al servicio de prensa de la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ). El comunicado fue objeto de una amplia cobertura de prensa en Colombia, agencias internacionales de noticia incluídas.

Nótese que en la parte final del precitado comunicado oficial, se puede leer textualmente que: “El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte” (sic).

¿Qué será lo que puede motivar a un Estado a comunicar antes de tiempo (y antes de conocer el texto completo y definitivo de la decisión de la CIJ) el resultado de una de sus gestiones? Es una pregunta que posiblemente algunos pocos se harán en Colombia y en algunos círculos especializados. Si además se evidencia un uso erróneo de la terminología oficial de la CIJ para designar ciertas herramientas jurídicas procesales de las que disponen los Estados en La Haya, la duda es mayor, y es probable que surjan más interrogantes.

Foto del Presidente de Colombia, refiriéndose a la decisión de la CIJ de declararse competente en el 2016 para conocer dos demandas de Nicaragua, extraída de artículo de prensa titulado “Esta es una decisión injuriosa para Colombia“, marzo 2016

En efecto, no existe ninguna demanda planteada por Colombia contra Nicaragua que se haya registrado ante la CIJ. La consulta al sitio oficial de la CIJ así lo confirma. Las dos demandas de Nicaragua, interpuestas en el 2013 contra Colombia, son las únicas registradas entre ambos Estados.

Lo que Colombia ha denominado “contra demanda” de manera un tanto antojadiza, es la posibilidad, como Estado demandado, de solicitar demandas reconvencionales, tal y como lo prevé el mismo Reglamento de la CIJ. Las demandas reconvencionales no pueden ser confundidas con ninguna otra figura: son parte de las distintas herramientas procesales que entran en la categoría de “incidentes procesales” (como por ejemplo las excepciones preliminares, la solicitud de intervención, de medidas provisionales, de unión o de acumulación de demandas entre otros).

Las demandas reconvencionales están previstas en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ (Nota 1): se trata de una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una providencia.

Si bien los idiomas oficiales de trabajo de los jueces de la CIJ son el francés y el inglés, su Estatuto y su Reglamento cuentan con una versión oficial en español, disponible en este enlace oficial de la CIJ: el término “demanda reconvencional” es el único usado por el Reglamento de la CIJ en su versión en español.

La definición de una demanda reconvencional ante la CIJ, que también se puede encontrar en diccionarios clásicos del derecho internacional, no alude en ningun momento a alguna “contrademanda”. Según el Dictionnaire de la terminologie du droit international, la demanda reconvencional se define como una « demande incidente formée par le défendeur contre le demandeur à une action en justice et se rattachant à la demande initiale par un lien de connexité » (Nota 2). Para el Encyclopaedic Dictionary of International Law, se señala que es “ a cross-claim made by the respondent State in a contentious case before the ICJ instituted by means of an application” (Nota 3).

Como todo tribunal, existen reglas y usos que las partes deben respetar. Con relación a la confidencialidad / publicidad de la información, cabe recordar que todos los documentos elaborados en la etapa escrita de un procedimiento escrito ante la CIJ se mantienen bajo estrictas condiciones de confidencialidad entre las partes y el juez internacional. En cambio, el inicio de la fase oral puede permitir “liberar” algunos documentos, siempre y cuando las partes acuerden hacer del conocimiento público algunos de ellos. El articulo 53 (2) del Reglamento de la CIJ es muy claro en ese sentido: “2. La Corte podrá, después de informarse de la opinión de cada una de las partes, decidir que ejemplares de los alegatos escritos y de los documentos anexos a los mismos se hagan accesibles al público a la apertura del procedimiento oral o con ulterioridad”. Si no hay acuerdo previo, las piezas escritas se hacen públicas por parte de la CIJ después de leído el veredicto por parte de la CIJ. A diferencia de la fase escrita, las audiencias orales son públicas, permitiendo así al público en general y a la prensa seguir en tiempo real los debates en La Haya y acceder (y ello gracias al sitio oficial de la CIJ) a los alegatos de ambas partes.

Lo anteriormente señalado aplica también para decisiones interlocutorias como las providencias (ordenanzas) de la CIJ: son dadas a conocer en su integralidad por la CIJ cuando ella lo estima oportuno, una vez su contenido definitivo aprobado por sus integrantes. Dar a conocer de forma parcial (y muy posiblemente parcializada e incompleta) su futuro contenido resulta a todas luces una verdadera innovación de la diplomacia colombiana, que denota algo extremadamente difícil de calificar.

El adelantar información sobre la suerte de demandas reconvencionales pendientes de resolución ante el juez internacional es una tentación que pueden tener los Estados, aún contraviniendo las estrictas reglas que tiene la CIJ sobre la circulación de la información. En el 2013, Costa Rica ofreció una interesante variable al respecto (Nota 4). Con relación a Colombia, hace unos meses tuvimos la oportunidad de señalar un detalle pasado desapercibido por parte de su legación ante la CIJ, al depositar una de sus contramemorias (Nota 5).

Más allá de la originalidad que pareciera Colombia querer imprimir a su actuación ante el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, la apreciación por parte de los integrantes de la CIJ de esta conducta debiera ser también cuidadosamente sopesada: la necesidad de anticiparse a la CIJ en anunciar la ordenanza en la que la CIJ accedió a la petición colombiana podría leerse de diversas maneras por parte de los integrantes de la CIJ. Estos últimos se muestran extremadamente cautelosos y cuidadosos, por lo general, en que la información que circule entre las partes y los jueces no se difunda antes de tiempo: en este preciso caso, antes de la difusión de un comunicado de prensa de la CIJ sobre lo dispuesto en su decisión, con el texto integral de su providencia.

Texto del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

16/11/2017

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

El miércoles 15 de noviembre de 2017, la Corte Internacional de Justicia aceptó dos contrademandas que Colombia presentó contra Nicaragua en el marco del proceso denominado Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, que cursa ante dicho tribunal desde noviembre de 2013. La decisión de la Corte se da en respuesta a las objeciones de Nicaragua a las contrademandas presentadas por Colombia.

Al admitir estas dos contrademandas la Corte analizará las reclamaciones colombianas según las cuales: – Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.

– Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia. De esta manera, la Corte ha reconocido que la población del Archipiélago es una protagonista principal y aceptó que sus derechos históricos de pesca deben ser considerados en el marco del proceso. Además, que pueden existir irregularidades en la normatividad nicaragüense, lo cual será examinado con más detalle.

Por otra parte, los asuntos planteados por Colombia en relación con las obligaciones internacionales sobre la protección del medio ambiente marino en la región del Mar Caribe, así como la importancia de preservar el hábitat de los habitantes del Archipiélago, continuarán siendo parte de la defensa de Colombia.

El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte.

Bogotá, 16 de noviembre de 2017.

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