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ATENTADO FALLIDO CONTRA EL PRESIDENTE DE VENEZUELA

En los próximos días y semanas iremos constatando las consecuencias reales del fallido intento de magnicidio, y sus consecuencias concretas

El sábado 4 de agosto en horas de la tarde dos drones cargados de explosivos fueron detonados cerca del palco Presidencial, donde se encontraban las máximas autoridades de los cuatro poderes del Estado. El atentado se produjo aprovechando los actos en conmemoración del 81 aniversario de la formación de la Guardia Nacional Bolivariana, en la céntrica avenida Simón Bolivar de la capital venezolana al cual asistían bloques de todas las ramas de la Fuerzas Armadas y numerosos civiles.

Si bien en objetivo principal del atentado, el Presidente Nicolás Maduro, y las autoridades presentes resultaron ilesas, 7 miembros de las Fuerzas Armadas resultaron heridos.

Apenas dos horas más tarde el Presidente Maduro en alocución televisiva, acompañado de los mandos militares y sus ministros compareció ante el país, denunciando el intento de magnicidio y adelantando que varios de los autores materiales ya habían sido detenidos ( el lunes se supo que 6 personas implicadas estaban ya detenidas), y que ya se había abierto una exhaustiva investigación para determinar los autores tanto físicos como intelectuales.

En su intervención televisada Maduro acusó como organizadores e impulsores del intento de magnicidio a dirigentes de la ultraderecha venezolana, asilada en Miami (y protegidos por legisladores de origen cubano-americanos muy cercanos al Presidente de los EE.UU), pero también citó expresamente a la oligarquía colombiana, y muy concretamente al, aun en funciones, Presidente del país vecino, Juan Manuel Santos. Una acusación abierta de enorme gravedad y con potenciales consecuencias en sus ya tensas y malas relaciones bilaterales, dado que el magnicidio es un delito considerado internacionalmente como de lesa humanidad.

Como información colateral al fallido atentado habría que subrayar otros elementos de interés como pueden ser que, apenas unas horas antes del intento de magnicidio, fueron asesinados por sicarios dos campesinos que participaban en una marcha nacional hacia Caracas, exigiendo una Reforma Agraria, y según la Fiscalía venezolana los autores materiales ya detenidos han identificando a los autores intelectuales, varios terratenientes ligados a la citada extrema derecha interna. Y que en las semanas anteriores al atentado portavoces de la extrema derecha, acogida en Miami y el Presidente colombiano Santos habían “coincidido” curiosamente en afirmar que estábamos ante “los últimos días de Maduro”.

Ha lo que hay que sumarle que, una semana y media antes del atentado, en sus palabras a los compromisarios al congreso del partido chavista en el Gobierno, el PSUV, el Presidente Maduro anunciaba un conjunto de medidas radicales, que supondrían un giro a la izquierda, que deberían comenzar a mediados de este agosto, para enfrentar la grave crisis económica, de abastecimiento y circulación monetaria que vive el país sudamericano.

El plan, adelantado por el Presidente Maduro en el congreso partidista,  incluiría un estricto control del consumo de  combustibles ligeros, con precios de comercialización interna que son de los más baratos del mundo, lo que ha fomentado un intenso y lucrativo contrabando hacia redes mafiosas en Colombia, del cual se benefician directamente sectores de la oligarquía de ese país. Igualmente hizo alusión a la acaparación del dinero en efectivo, por mafias colombiano-venezolanas para provocar especulación monetaria. Y por último anunció una revisión, a fondo y sin impunidad, de la gestión y administración de la 70 grandes empresas de propiedad estatal que, según sus propias palabras, las manejan grupos de burócratas como si fuesen propiedades privadas a costa de los intereses del pueblo. Medidas económicas y administrativas correctoras que algunas “castas” deben haber interpretado como una inminente amenaza.

En los próximos días y semanas iremos constatando las consecuencias reales del fallido intento de magnicidio, y sus consecuencias concretas en lo penal, en  la política interna y las relaciones externas, así como en lo que afecte a las “mafias” financieras  y económicas.

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